Resumen: El convenio de la empresa Institución Ferial de Madrid SA (IFEMA) en el art 111.6 dispone que los informes que deba emitir la RLT, deberán elaborarse en el plazo máximo de 15 días desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones correspondientes, pero el art 22 del RD-L 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que regula las Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que es una norma posterior en el tiempo al Convenio y de rango superior introduce una serie de modificaciones en los supuestos en que la empresa decida suspender los contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el apartado 1 del precepto y en ningún caso se exige la negociación con la RLT, siendo irrelevante que la empresa remitiera comunicación escrita al Comité de Empresa informando de la solicitud ante la DGT de autorización para aplicar un ERTE de reducción temporal de jornada de trabajo por fuerza mayor y les emplazara formalmente para que, si lo estimaban oportuno, emitieran informe conforme al art 64 ET y art 111 del vigente convenio Colectivo de IFEMA, pues el reseñado art 22 es un precepto de derecho necesario, observándose además que la empresa actuó con especial consideración con el Comité de Empresa dadas las comunicaciones y reuniones que mantiene con el mismo.
Resumen: La resolución impugnada decide la inadmisión del recurso de reposición contra la sanción en materia de consumo impuesta a la operadora de telefonía por predisponer en sus condiciones la factura electrónica. En la sentencia se analiza en primer lugar la inadmisión del recurso de reposición, teniendo en cuenta que los plazos procedimentales se caracterizan por ser una "carga" para los interesados, de modo que cumple concluir que el plazo suspendido o interrumpido en el momento de la declaración del estado de alarma se reanuda por el periodo que restase cuando desaparezca la causa eficiente de la suspensión; mientras que el plazo suspendido o interrumpido que se reinicia, vuelve a computarse desde cero. En la legislación aprobada durante la vigencia del estado de alarma se contiene una previsión específica relativa a la ampliación del plazo para interponer recursos en vía administrativa, de modo que se produce su reinicio, tal como ha expresado la jurisprudencia, lo que determina la estimación parcial del recurso, con retroacción de actuaciones, para que la Administración resuelva sobre el fondo de la cuestión controvertida.
